Buenos Aires, 7 de julio de 2.003

Al Honorable CONSEJO de la MAGISTRATURA
S / D

Objeto : - Ampliación de Denuncia por “mal desempeño” presentada el 7* de febrero de 2.003
Denunciantes : - Dra. MIRTA GRACIELA BARRUTI, por sí -Sociedad “DENCANOR S. A.”
representada por la Dra. M. G. BARRUTI

La suscripta, Mirta Graciela BARRUTI, argentina, abogada (CPAbog. Tº 45, Fº 505 ), D.N.I. nº 11.384.576, con domicilio real y constituido a los fines del presente, en la calle Lavalle nº 1.523, Po. 5º, of. 52, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tel. nros. 4373-7776 / 7779 / 7727) me presento y digo :
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* Capitulo N* 01 – CARÁCTER de la PRESENTACION
Que realizo esta presentación por mi propio derecho, como ciudadana y letrada de la matricula.
Que también la realizo siguiendo instrucciones de mi mandante, firma que gira en plaza bajo la denominación de “DENCANOR S.A.”, de quién resulto mandataria y representante legal en Argentina. Todo conforme se acreditara al denunciar.
Que ofrezco y asi solicito, que se me cite a ratificar esta presentación en los caracteres mencionados.
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* Capitulo N* 02 - OBJETO
Que reitero y ratifico la denuncia impetrada ante este
Honorable Consejo de la Magistratura, el 7º de febrero de 2.003, a cuyo tenor me remito.
Atento que han sucedido hechos nuevos directamente vinculados a lo oportunamente denunciado, se ilustra con el presente.
También se sugieren nuevas medidas de prueba.
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* Capitulo N* 03 – INFORMA sobre DENUNCIA JUDICIAL
1* ) El 20 de febrero de 2.003, se denunció en sede judicial, expediente : “Fine Arts S.A. s/quiebra – inc. de actuaciones reservadas”, la forma en que se intentaba apropiarse de la pintura mural.
El tenor de dicha denuncia es elocuente por si; se transcribe su parte pertinente :
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2.- DENUNCIA:
Esta parte ha sostenido reiteradamente que el Estado Nacional ha intentado o intenta apropiarse del “uso” y “goce” de la pintura “Ejercicio Plástico”.
A tal fin arguye falsamente un supuesto “mal estado” y “deterioro de la obra” y su vocación de repararlo, para lo que solicita que se le entregue, cuando menos, la tenencia.
A ello se le agrega una intensa campaña de prensa dirigida a crear la sensación en la opinión pública, que el “deterioro” es producto de su abandono prolongado ante una dilatada situación litigiosa.
Se omite decir que desde hace más de 8 (ocho) años se ha obstado judicialmente que su legítimo propietario ejerza los derechos inherentes a su dominio.
Ahora se denuncia formalmente en este ámbito jurisdiccional que cuando se consume la apropiación, la obra va ser enviada al exterior del país.
2.1 El envío del mural al exterior se realizaría en el marco de algún convenio de cooperación artística, sobre la base que se trata de un simple bien mueble, cuasi mostrenco y objeto de una compleja litigiosidad que diluye la titularidad dominial.
El destino probable sería un museo de Houston, E.E.U.U., donde se realizaría una muestra de arte latinoamericano, donde se exhibía la obra y, ulteriormente, sería enajenada (posiblemente en el denominado “mercado negro” , donde también se han vendido otras obras de arte argentinas de propiedad de la Nación, como se acreditara a fs. 166/67 y 177 de estas actuaciones).
2.2 Tanto esa exhibición como venta, se realizarían sin la voluntad
o sin la participación de esta propietaria, constituyéndose en hechos consumados, con impunidad a sus eventuales autores.
Hechos similares han sido difundidos de forma copiosa por los medios de prensa, tal como también se acreditara y denunciara en los autos principales.
Los antecedentes del caso de autos, indican también cuando menos, un intento de sustracción ilegítima de la pintura, por parte de supuestos funcionarios de la embajada de México (ver fs. 171/176 y 178), lo que fue expresamente comunicado al Señor Secretario de Cultura (ver carta documento de fs. 252, punto 4* ) que nada hizo al respecto. En forma sorpresiva, se habrían llevado a cabo diligencias judiciales con la presencia o participación de funcionarios de dicho país.
2.3 Luego de la exportación temporaria de la obra para su exhibición en otro país, nunca más volvería a la Argentina.
Aunque obvio, cabe señalarse que este proceso no podría llevarse a
cabo si la obra :
a) hubiese sido expropiada;
b) hubiese sido declarada de interés conforme la ley nº 12.665, y
c) el Poder Ejecutivo hubiese aceptado la propuesta hecha por “Dencanor SA”
La clave de la cuestión radica entonces, en sacar la obra del territorio nacional sin que haya sido expropiada ni declarada de interés nacional ni aceptada la oferta por el P.E.N, para lo que es menester contar con su tenencia y disposición de hecho y con la apariencia de litigiosidad sobre su dominio, para así dificultar u obstar o restringir las posibilidades de reclamo de su legítimo propietario.
La expropiación o la declaración conforme a la ley nº 12.665 o la aceptación de la oferta de mi mandante, compromete al Estado en su preservación y guarda, hecho que no sucede en el caso que se trate de un mero bien mueble.
Además la exportación temporaria neutralizaría prima facie los aspectos internacionales vinculados al tema (UNESCO – “Convención sobre las medidas a ser adoptadas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales”. Paris del 14/XI/970 y que entró en vigor el 24/IV/972 ).
2.4 Quedan así expuestas por mi mandante las razones y motivos por los que se intenta despojar de sus derechos de “uso” y “goce” y que fueron objeto de concretas denuncias, y las razones porque NO se han utilizado los mecanismos legales descriptos en el subpunto anterior ( 2.3 ).
El futuro determinará la certeza de estas aseveraciones como el rol cumplido por el Poder Judicial en este complejo proceso.
………………………………………………………………………………………………..
2* ) Luego de formular la misma, se acreditó la vinculación con Houston e, incluso, hubo publicaciones periodísticas nacionales e internacionales en tal sentido.
Todo ello obra en los autos señalados al comienzo de este capitulo.
3* ) Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional (vinculados con el Dr Gutierrez Cabello) son los Sres. Ruben Stella y Teresa de Anchorena, a ellos concretamente se les imputa el intento de apropiación (ver denuncias en la Oficina Anticorrupción).
A tal fin llevaron a cabo distinto tipo de irregularidades,como resultó la promoción de la litis indicada en el punto 1* ), sin un trámite administrativo previo ni un dictamen legal que lo justificara.
4* ) La medida decretada el 26 de agosto de 2.002, constituia para el citado intento apropiativo, un paso preparatorio y necesario.
La misma se dictó bajo argumentos fácticos falaces, sin invocarse norma legal alguna que la justificara y en contra de los derechos constitucionales que amparaban a mi instituyente.
En tal sentido,su dictado se realizó con absoluta conciencia de su improcedencia, ya que existió:
a) un contexto procesal absolutamente desnaturalizado;
b) una omisión al tratamiento de las defensas que, además, advertían sobre la situación de irregularidad;
c) una no agregación de presentaciones de mi instituyente al expediente;
d) inexigencia de seguro alguno ante la posibilidad de destrucción, pérdida, robo o hurto de la obra, lo que fue luego requerido por los Jueces que continuaron con la actuación Dres. Vasallo y Villar; y
e) un desprecio absoluto de los derechos del propietario; es decir; en este punto el Magistrado que la dictara desoyó los planteos hechos por la titular de dominio y negó definitivamente el derecho de propiedad al despojar el “uso” y “goce” del bien.
Por lo que, no se trata de juzgar el ámbito específico de las facultades jurisdiccionales del Juez, en el caso el Dr. Gutierrez Cabello, sino de establecer que en ejercicio de la Magistratura, abusó de sus funciones y prerrogativas al pretender imponer una decisión arbitraria.
Las cuestiones sometidas al debate litigioso consistían y consisten, en el trámite de la quiebra liquidatoria de Fine Arts S. A. y la resolución de las acciones por tacha de simulación y revocatoria ordinaria.
La citada sentencia del 26 de agosto de 2.002, fue de total ajenidad al objeto de litis; se dictó en el marco de un proceso en curso, a solicitud de un tercero no participante en él <el Estado> y le entregó al solicitante, un bien mueble de propiedad de uno de los litigantes.
Con anterioridad el Dr Gutierrez Cabello había anunciado públicamente que iba hacerlo (ver artículo de “Ambito Financiero”); y la sala “A” del Fuero sancionó a la suscripta cuando denunció la irregularidad, como causal de recusación.
De esta manera, el dictado del pronunciamiento improcedente ha sido deliberado y premeditado, con pública apología del uso en exceso de las facultades otorgadas por la ley al Juez de primera instancia y con la tolerancia del Superior (sala “A”).
El sentido común y la normativa prohiben que el Poder Judicial disponga a su voluntad, de los bienes de los litigantes y esta obligación no pudo ser ignorada por los denunciados.
5* ) De esta manera, los funcionarios de ambos Poderes
del Estado, actuaban conjuntamente para consumar el despojo, cuyo punto de partida era lograr la entrega de la obra con la apariencia de legitimidad dada por la actuación del Poder Judicial.
6* ) Si se analiza lo publicado en “Clarín” el 11 de junio de 2.003, se concluye que el intento de apropiarse de la pieza y su envío al exterior, resultó una posibilidad concreta e indiscutible.
El primer paso era tomar la tenencia de la misma, se la enviaría después al exterior sin declararla patrimonio histórico, para luego enajenarla, posiblemente con destino final de México (cuyos funcionarios de la embajada en el país, habían sido ya denunciados en tal sentido).
Todo ello sin el consentimiento de la propietaria y bajo la a
pariencia que se originaba en la “litigiosidad” orquestada, lo que habilitaria a la pretensión irregularmente deducida por los funcionarios de la Secretaría de Cultura y que diera acogida el denunciado Dr. Gutiérrez Cabello.
7* ) Cabe concluir que el intento de apropiación ilegítima es el verdadero móvil de la citada medida sentenciada el 26 de agosto de 2.002, ya que la cuestión real en debate <la apropiación ilegítima> ha sido enmascarada judicialmente bajo argumentaciones absolutamente falaces : 1.- un declamado un “interés” en la preservación de la obra; 2.- otro declamado “interés” en que la misma no sea exportada; y 3.- en que se encuentra discutida la titularidad de dominio de la pieza.
Al punto primero basta decir que a esta propietaria se le impidió (desde hace casi 9 años – 24.10.94 ) administrar la obra con múltiples cautelares.
Respecto al punto segundo debe considerarse que ni se a ceptó la oferta hecha al Sr Presidente (el 04.09.01) ni la sustitución de la cautelar ofrecida a tales efectos.
Y por último no hay discusión alguna sobre el dominio si-
no el aspecto litigioso se reduce a un planteo de “inoponibilidad” articulado por algunos eventuales acreedores de la vendedora, que no reclaman la referida titularidad sino el cobro de sus acreencias (incluso “Dencanor S. A.” puede pagar o dar fianza – art. 966 C.C.) y concluir así todo el debate con los acreedores; mas ello no resolvería
la desnaturalización del proceso llevado a cabo por el Dr. Gutierrez Cabello ni los abusos de los funcionarios del P.E.N.
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* CAPITULO Nº 04 – SITUACION JURIDICA y AFECTACION
El carácter de propietaria de mi representada de la pintura Mural “Ejercicio Plástico” ha sido expresamente reconocido en sede judicial, por medio de la resolución firme dictada el 6* de mayo de 2.003, en los autos: “Fine Arts S.A. s/quiebra – inc. de actuaciones reservadas”.
En dicho incidente interviene el mismo Estado Nacional quién ha consentido la misma.
1* ) Los antecedentes de dicho dominio radican en que el día 4* de octubre de 1.994, mi mandante compró la obra y en la misma fecha recibió la posesión del bien adquirido.
2* ) El término propiedad utilizado por la Constitución Nacional comprende todos los intereses apreciables que una persona puede poseer fuera de si mismo ( CSJN fallos = 145 : 307 ), de modo tal que los bienes son susceptibles de valor económico, apreciable en dinero y sus titulares no pueden ser privados de ellos.
La Carta Magna expresamente declara que todos los habitantes tienen derecho de “usar y disponer de su propiedad” ( art. 14 ) y que ésta es “inviolable” ( art. 17 ).
Estos criterios liminares están ratificados por el art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica ( ley nº 23.054 ).
2.a Cuando bajo la vigencia de una ley, un particular <en el caso, mi representado> ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en ella previsto para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido y es inadmisible su supresión sin agraviar el derecho constitucional de propiedad (CSJN fallos = 296 : 737; 299 : 379; 303 : 1.877; 307 : 305 ).
Por lo que las eventuales restricciones que puede imponer el Estado al ejercicio normal del citado derecho de propiedad y, en general, a los patrimoniales, deben ser razonable, limitado en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato ( hipótesis ésta de mi instituyente ), sin que pueda haber dudas que condicionar o limitar ese derecho afecta la intangibilidad del patrimonio y obsta al afianzamiento de justicia ( CSJN fallos = 243 : 467; 323 : 1.566 ).
“Dencanor S.A.” tiene adquirido el derecho de propiedad sobre la pintura “Ejercicio Plástico” e incorporado a su patrimonio.
Sólo puede ser privado del mismo, mediante una sentencia judicial firme.
2.b Asi el contenido del derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos, o sea, los derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona ( CSJN fallos = 312 : 1.121 ).
Hay entonces derecho adquirido porque la situación creada se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto <en la especie la propiedad de “Dencanor S.A.> que, como tal, se hace inalterable ( CSJN fallos = 296 : 723; 298 : 472; 317 : 1.462 ).
2.c A su vez, la noción de “derecho adquirido” se encuentra inescindiblemente ligada a la de seguridad jurídica.
Esta no es sino el acatamiento de las normas que imperan en el Estado de Derecho las que deben ser respetadas por los poderes públicos, con el fin de procurar su viegencia real y no solamente formal (CSJN fallos = 243 : 465; 251 : 78; 317 : 218).
La seguridad jurídica es por lo tanto, la imperiosa exigencia de respeto de la propiedad privada, la que se resiente gravemente si fuera admisible y lograra tutela judicial de quién primero acata una norma y luego la desconoce, pretendiendo cancelar los efectos de aquel acatamiento y los que de ellos derivaron ocasionando así un grave trastorno al patrimonio (CSJN fallos = 294 : 220; 291 : 243 ).
En el caso, la inseguridad jurídica se encuentra materializada por el pedido del Poder Ejecutivo <incidentista> y la acogida al mismo dado por el Poder Judicial <especialmente el decisorio del 26 de agosto de 2.002>.
De esta manera, se ha negado en los hechos y por la acción de los denunciados, la tutela del derecho de propiedad, que no puede ser meramente formal, sino que debe impedir que se prive de contenido real a dicho derecho (CSJN fallos = 312 : 2.467).
2.d Por lo recién expuesto, el propio Estado a través de sus funcionarios deben saber inexcusablemente los límites de su actuación, pues es claro que es él el primero que debe velar por la vigencia de las garantías constitucionales de los habitantes de la
Nación y no pretender que sean estos últimos quienes deban recordárselo, una y otra vez, mediante la actuación judicial y administrativa.
Y el mal es mayor cuando quién defrauda la confianza que ha producido es el propio Estado, especialmente a través del Poder Judicial.
3* ) En la especie y a consecuencia del convenio del 18 de febrero de 1.992 celebrado con el Estado Nacional, éste fue comunicado por la vendedora y la compradora de la transferencia de dominio del mural a favor de mi poderdante, por lo que no puede ni debe desconocer la titularidad de “Dencanor S.A.”.
3.a A pesar de lo diáfano de lo recién relatado, como surge de las actuaciones judiciales promovidas por la Secretaría de Cultura, el Estado Nacional por vía de la actuación conjunta del Poder Administrador y del Poder Judicial, intenta privarle el “uso” y “goce” por tiempo indeterminado.
Los hechos revelan paradigmáticamente una situación en que el Estado ha decidido mutar la sustancia o esencia del citado derecho de propiedad adquirido e incorporado al patrimonio de “Dencanor S.A.”, al pretender detentar su uso y goce ( decisorio del 26 de agosto de 2.002 ), sin compensación alguna, con lo que tiene efectos jurídicos análogos a los de una “confiscación” o “ expropiación ilegítima”.
3.b Al soslayar la vigencia del derecho de propiedad como adquirido, cualquiera sean las razones para enervar el recto contenido de los art. 14 y 17 de la Constitución Nacional <en el caso, una pretendida y absurda precaucional, a favor de quién ni siquiera es “parte” ni “interesado en la litis>, importa retirar a la República del concierto de naciones civilizadas que lo contemplan y lo protegen, como uno de los pilares del respeto a los derechos inherentes a la persona y que configura la base del progreso y del bienestar general.
3.c A los fines del intento de apropiación señalada en el subpunto anterior, se han cometido innumerables irregularidades procedimentales en sede judicial (sin perjuicio de aquellas en sede administrativa ).
Los actos jurisdiccionales que derivaron en las irregularidades mencionadas, han sido tildados como “mal desempeño” de los Magistrados que los realizaron o toleraron (arts. 53 y concs. C.N.) y, junto a ellos, debe examinarse la conducta y actuación de los funcionarios denunciados, participes necesarios de los intentos ilegitimos de apropiación, motivo por el que se radicó esta denuncia.
Lo peticionado por el Estado como lo acogido por la jurisdicción, se lo ha reprochado por iguales vicios y como parte de una actuación conjunta tendiente a la “apropiación” ya referida.
4* ) Mi representada carece y careció siempre de acreedores.
Nada adeuda a nadie y, aún antes de la compra del Mural, había realizado ya negocios de inversión en la República.
4.a A la obra que adquiriera se le hizo objeto de una persecución implacable.
La misma comenzó con la orden de inmovilizar los contenedores donde obraban partes de la misma, por medio de precaucionales solicitadas por acreedores de la vendedora y ha continuado con la tentativa –por ahora aún no consumada– de privación del “uso” y “goce” a la propietaria.
4.b Una vez que la vendedora se concursó, ese proceso universal (que derivó en quiebra) fue y es utilizado con los propósitos subalternos y con las anomalías antes descriptas.
Se destaca que la pintura mural, NO pertenece al activo de la quebrada y no es objeto de desapoderamiento falencial.
A su vez, los cuestionamientos de los acreedores de la vendedora, pueden quedar definitivamente enervados con su satisfacción (conf. Doct. Arts. 965, 966 y concs. C.C.) o si se desestimare la verificación de sus acreencias, aún litigiosas.
4.c Además, en los autos de la quiebra hay depositado
fondos suficientes para atender a todos los créditos ya verificados, tanto por capital como por los accesorios.
Dentro de este contexto litigioso, se pretende entregar el bien con mengua de los derechos de su dueña.
4.d Los denunciados frustran así la garantía al derecho de propiedad y a la defensa reconocida por el art. 18 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, con todas las consecuencias contrarias a derecho que ello acarrea ( CS fallos = 320 : 1.519 ).
5* ) Mientras se mantenía inmovilizado el mural por cautelares, el procedimiento se dilataba y acomplejada contra derecho, dando una apariencia externa de “litigiosidad”, que no se compadecía con un debido proceso.
Simultáneamente se lanzó una campaña de prensa, presentando falsamente a la obra como en un estado de deterioro.
5.a En base a estos argumentos, los denunciados dictan y realizan actos jurisdiccionales complementarios de la medida del 26 de agosto de 2.002.
Conforme a ella, se decide la entrega de la pintura al Estado, para operarla y administrarla como si fuera un bien mostrenco.
5.b El decisorio constituyó la base formal y de apariencia legal, para que se consume la mentada apropiación de la obra y el despojo de la propiedad de mi poderdante.
6* ) El Estado NO expropió la pieza.
Tampoco la declaró en los términos de la ley 12.665 (el PEN vetó la ley nº 25.534 ); ni aceptó la oferta hecha por mi instituyente al Sr Presidente Dr de la Rúa ( la retractación al Sr Presidente Duhalde se realizó luego del largo tiempo transcurrido <diez meses> sin que hubiera respuesta alguna ).
6.a Por lo que deviene paradojal y en contra de sus propios actos que, luego de lo recién dicho, el Poder Ejecutivo haya promovido el incidente de cautelares con la pretensión allí expuesta.
6.b En efecto, con anterioridad se había sometido de forma expresa, voluntaria y sin reservas, al régimen jurídico ordinario que hace que la obra continúe siendo un mero bien mueble, sin que el Estado haya usado ninguna de sus prerrogativas al respecto (o expropiarlo o declararlo conforme la citada ley nº 12.665 o aceptar la propuesta hecha).
Este sometimiento al citado régimen ordinario obstaba a su ulterior y declamado interés preservativo (la pretensión judicial del Estado materializada por el decisorio cautelar del 26 de agosto de 2.002, carece incluso de acto administrativo previo que la apruebe y sobre esta omisión reiteradamente denunciada por mi mandante, hubo omisión de tratamiento) ya que, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Conf.. doct. CSJN fallos = 255 : 216; 279 : 370; 290 : 216; 297 : 236; 298 : 383; 310 : 1.623, 2.117: 311 : 1.802; 317 : 524 ).
6.c En consecuencia, la acogida jurisdiccional en la referida sentencia cautelar, no encuentra explicación lógica y legal por si, ya que esta acreditada la actitud contradictoria e incompatible de la anterior conducta por parte del propio Estado (el veto a la ley nº 25.534, la no aceptación de la oferta hecha y su retractación ); aunque si la encuentra si se comprende la verdadera intención de dicho acto, expuesta en la denuncia judicial del 20 de febrero de 2.003. Conforme a él, primero se toma la guarda de la pieza, luego se la exporta y por último, ya fuera del país, no retorna más al territorio nacional.
7* ) Los antecedentes muestran que por nota dirigida al Presidente Dr de la Rúa, mi representado ofreció al Estado y al pueblo argentino la obra, para que fuera exhibida gratuitamente en el territorio del país; y al Presidente Dr Duhalde se le retractó la oferta ante la falta de contestación y ante el veto de la ley nº 25.534, dejándose constancia que estas actitudes implicaban falta de interés en la pintura.
7.a Luego reaparece un declamado “interés”, no encauzado por vías institucionales conforme a derecho, sino en forma desnaturalizada pero congruente con la intención oculta e ilegítima antes mencionada.
Por lo que es forzoso concluir que el procedimiento judicial está siendo usado para actuar por vías de hecho.
7.b A la apropiación por parte el Estado, cabe agregarle lo denunciado judicialmente con la presentación del 20 de febrero de 2.003.
El mural sería enviado al exterior <presumiblemente a Houston, E.E.U.U.> y de allí se le darán otros destinos para nunca más retornar al país ya que, presumiblemente, será objeto de alguna transferencia o comercialización ilicita, sin que esta propietaria participe.
La pérdida sería tanto para mi representado como para el país, tal como le sucediera ya, a numerosisimas obras de arte del patrimonio nacional.
7.c Los propios empleados de la embajada de la República de México en la Argentina, han sido denunciados en su propio país, por el intento de sustracción de “Ejercicio Plástico”.
Todo, tal como ya se acreditara y se comunicara por
carta documentos al Sr Secretario de Cultura, sin que éste hiciera al respecto y, por el contrario de forma inexplicable e ininteligible con este antecedente, ha manifestado que espera el eventual apoyo del gobierno mejicano.
7.d Cabe destacarse que la pérdida de la obra <si fuere sacada del país, previo su entrega para su supuesta preservación y exhibición> sólo podría consumarse si se mantuviere su régimen jurídico de mero bien mueble. Y, por el contrario, sería casi imposible de realizar, si el Estado Argentino la hubiese expropiado o la hubiese //
declarado conforme la ley nº 12.665 o hubiera aceptada la oferta de mi mandante para su exhibición en territorio nacional.
Por ello, lo pretendido <entrega de la obra a custodia>
aunque enmascarado con argumentos falaces, deviene el paso necesario y anterior a su exportacion y destino final recién mencionado.
Esta hipótesis no puede ni debe ser ignorada.
8* ) Como colofón y conforme surge de un análisis objetivo de los antecedentes, las precaucionales que inmovilizaron la obra ha evolucionado desde un supuesto beneficio de los eventuales acreedores de la vendedora hasta el grado de entregar el bien sin plazo fijo, a un tercero ajeno a la litis <el Estado Nacional>, para que éste en los hechos, detente su “uso” y “goce”.
Ni los Funcionarios del Poder Ejecutivo ni los Magistrados del Poder Judicial pueden ignorar lo relatado y la sinrazón de la mencionada entrega, que constituye la apropiación indebida del bien mueble ajeno con el consiguiente despojo para su dueño. Todo bajo la improcedente justificación de medidas cautelares solicitadas por los denunciados, dentro del trámite de un proceso falencial, de un fallido que ni siquiera es su propietario.
9* ) No caben dudas tampoco, que se está en presencia de un caso de fuerte contenido POLITICO (como más adelante se lo explica ) donde se afecta el derecho de propiedad de mi representado, con todas las connotaciones que ello implica y que han dado cuenta los medios de prensa.
9.a Sin embargo pese a dicho contenido y tal como en forma reciente lo sostuviera Nuestro Más Alto Tribunal del país, frente a la insólita pretensión del Poder Ejecutivo exteriorizada con la promoción del incidente y con plena conciencia del conculcamiento de derecho constitucionales, es deber imperioso e indeclinable de la justicia restituir el orden vulnerado, en cumplimiento estricto de su deber constitucional (CSJN, “Pcia. de San Luis c/Estado Nacional”, 5* de marzo de 2.003).
9.b Los jueces no pueden prescindir en la interpretación y aplicación de las leyes de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (CSJN fallo =234 : 482; 302 : 1.284 )
9.c La autodenominada “medida conservatoria” del 26 de agosto de 2.002, no encuentra razonabilidad y coherencia con el derecho de propiedad de mi representado del que resulta notoriamennotoriamente repugnante sino, por el contrario, sólo es coherente con el intento de apropiarse de la obra.

De esta manera, el derecho de defensa en juicio de mi mandante, está gravemente violado ya que ignora de que tiene que defenderse y que derecho pretende preservar la incidentista con la medida “conservatoria” dictada.
Por lo tanto y conforme a la jurisprudencia citada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se puede prescindir en la interpretación y aplicación de las leyes adjetivas relativas a la medida del 26 de agosto de 2.002 de sus consecuencias que han sido indicadas y que, incluso, pueden llegar a la pérdida definitiva de la pintura, no sólo para esta propietaria sino también para el país.
10* ) Ante las incongruencias mencionadas y el hecho que terceros han requerido a mi mandante la posibilidad de acordar con el Estado, hipótesis que jamás negó la propietaria y además solicitó, cabe concluir que se está en presencia de actuaciones de Magistrados Judiciales que lejos de resolver la cuestión, acomplejan la misma tornándola incomprensible, sin perjuicio de la afectación de derechos fundamentales de la propietaria, amparados por la Carta Magna.
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* CAPITULO N* 05 – VINCULACIONES POLITICAS del CASO
Que todo lo relacionado con la pintura mural “Ejercicio Plástico” estuvo siempre vinculado con criterios políticos del Estado, bajo distintas administraciones de <Presidentes de la Nación>
1* ) Con anterioridad a su extracción del sótano donde fue pintado, fue objeto de debates parlamentarios, sin decidirse que hacer.
2* ) Durante la Presidencia del Dr. Menem el mural fue extraído del sótano por la firma propietaria del inmueble “Seville S.A.”, hoy “Fine Arts S.A.”.
2.a “Seville S.A.” suscribió un convenio con el Estado respecto a la obra, de fecha 18 de febrero de 1.992. A posteriori mi mandante denunció dicho convenio al haber fenecido el plazo acordado de su vigencia.
2.b Hubo un intento de declaración de patrimonio artístico e histórico que no prosperó (proyecto de la Secretaria de Cultura de la Nación, entonces a cargo del Sr Castiñeiras de Dios).
2.c “Seville S.A.” vendió la pieza a mi mandante el día 4* de octubre de 1.994.
2.d Se dictó la ley nº 24.633 que modificó el régimen normativo para las obras de arte, al derogar el decreto nº 159/973 del P.E.N y establecer nuevas pautas legales distintas de las vigente a la fecha de compra hecha por “Dencanor S.A.”.
3* ) Durante la Presidencia del Dr de la Rúa :
3.a La pcia. de Bs. As. Dictó la ley provincial nº 12.718, promulgada por el decreto nº 1.866 del P.E.Pcial., por medio de la que se declaró a “Ejercicio Plástico”, “. . . incorporado al patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley nº 10.419. .“.
3.b El 4* de septiembre de 2.001 mi instituyente ofreció la exhibición gratuita de la pieza por un año, al Sr Presidente de la Nación.
3.c Se dictó la ley nº 25.534 que declaró la obra
patrimonio histórico artístico en los términos de la ley nº 12.665 y sus modificatorias.
4* ) Durante la Presidencia del Dr Duhalde:
4.a Se dictó el decreto nº 18/02 del P.E.N. por medio del que se vetó la ley nº 25.534.
4.b El 1* de julio de 2.002, mi representada retractó la oferta hecha a la Presidencia de la Nación ( el 04.09.01 ) por considerar falta de interés del Estado, ante la falta de contestación a la misma y el veto del Ejecutivo a la ley nº 25.534.
4.c El 4* de julio de 2.002 la Secretaría de Cultura
de la Nación promovió los autos : “FINE ARTS. S.A. s/quiebra – inc. de actuaciones reservadas” en el que se dictó la medida del 26 de agosto de 2.002, por medio de la que se entrega la obra al Estado.
4.d Se encuentra en trámite de la Secretaría de Cultura de la Nación el expediente administrativo n* 384/03, por medio del que se pretende otra declaración idéntica a la vetada ley nº 25.534
Este expediente fue iniciado el 30 de enero de 2.003, por la Sra Teresa de Anchorena (copias del mismo obran glosadas en el expediente judicial indicado en el subpunto 4.c de este capítulo).
El 12 de mayo de 2.003, mi mandante se presentó en el mismo invocando su carácter de propietaria y ejerciendo sus derechos al respecto, tal como se prevé para las actuaciones administrativas y conforme a la ley nº 12.665 y modificatorias.
Para efectuar dicha presentación fue necesario requerir el auxilio de un notario, ya que hubo resistencia en receptar la presentación.
A posteriori cuando se concurrió a revisar el mismo, se informó verbalmente a la suscripta, que “ . . . se encontraba extraviado. . . .”.
4.e El 25 de abril de 2.003, se formalizó denuncia ante la Oficina Anticorrupción, imputando a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, Sr Ruben Stella y Teresa de Anchorena, el intento de apropiación de la pintura mural “Ejercicio Plástico”.
Dicha denuncia fue ampliada el 22 de mayo del co
rriente.
5* ) Durante la Presidencia del Dr Kirchner y a la
fecha, aún no se ha definido la política a seguir por el Estado respecto a la obra de arte.
5.a El 30 de mayo de 2.003, mi representada formalizó una presentación expresa al Sr Secretario de Cultura de la Nación. Lic. Torcuato Di Tella, donde se dejó constancia en su parte pertinente:
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1*) todo lo concerniente a la relación del Estado Argentino y la citada obra de arte, obra en:
a) las actuaciones judiciales promovidas por la Secretaría ahora a Su Cargo, caratuladas: “FINE ARTS S.A. s/quiebra – inc de actuaciones reservadas”; y
b) en el expediente administrativo nro 384/2.003 ( iniciado el 30.01.03, origen Dir. Nac.de Política Cult. y Coop. Int., asuntoTeresa de Anchorena ), labrado en la Secretaría también a Vuestro Cargo..
En él, mi mandante se ha presentado y fijado su posición de forma documentada.
Cabe entonces que me remita a los mismos, sin perjuicio de la continuación de su
Trámite;
2*) por el presente se le reitera y ratifica los ofrecimientos para formalizar convenios de acuerdo con el Estado Nacional, que mi instituyente hiciera mediante comunicaciones fehacientes (cartas documento) dirigidas a sus antecesores en la función, Sres Dario Lo Pérfido y Ruben Stella y que están glosadas a los antes citados expedientes <administrativo y judicial>.
Dichos ofrecimientos no fueron aún contestados.
Sobre este particular se resalta el antecedente del antes oportunamente arribado con fecha 18 de febrero de 1.992 y que luego fuera denunciado y dejado sin efecto.
3*) también se reitera y ratifica la voluntad de “DENCANOR S.A.” de exhibir la pintura mural por primera vez, en el territorio de la Nación;
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5.b El 17 de junio de 2.003, mi representada formalizó
una nueva oferta al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, en términos idénticos a la antes hecha (y luego retractada ) al Sr. Presidente de la Nación, Dr de la Rúa (ver subpunto 3.b de este capítulo ).
Se ofreció allí :
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* Por todo lo dicho se recurre a V. E., representante de la Nación Argentina como de su pueblo, a fin de ofrecerle el derecho de exhibir la obra dentro del país, en forma totalmente gratuita y por el término de un año. . . . * Las dos únicas condiciones que reclama esta propietaria, radican en que : 1.- debe asegurarse que todo el movimiento relativo a la obra debe ser realizado sin que se deteriore ni se destruya la misma, por personal idóneo, especialmente bajo la dirección y supervisión de los maestros que la extrajeron y el control de “Dencanor S.A.” ; y 2.- el Estado debe comprometerse a no exportarla por ningún motivo.
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5.c En el expediente indicado en el subpunto 4.c de es
te capítulo, la apoderada de la Secretaría de Cultura de la Nación <promotora de la litis> renunció al mandato.
Sin embargo, en el mismo acto ningún otro mandatario
judicial del Estado asumió la representación de éste. En este aspecto es relevante lo antes dicho ( ver subpunto 6.b del capítulo 4 ).
A consecuencia de ello, el Sr. Juez actuante en la cau
sa Dr. Villar, resolvió :
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“Buenos Aires, 13 de junio de 2.003. I.- Téngase presente la renuncia al mandato denunciada por la promotora del presente, María Alba Aiello de Almeida. II.- Atento ello, requiérase de la Secretaría de Cultura de la Nación de la Presidencia de la Nación, a cargo del Dr. Torcuato DI TELLA, que en el término de quince días de notificado ratifique expresamente la continuación del procedimiento incidental que instara oportunamente respecto al Mural de Siqueiros y/o, en su caso, si desiste de la continuación de su tramitación. En caso de silencio a esta rogatoria se tendrá por desistida la consecución de estos obrados. Notifíquese en su persona con habilitación de días y horas inhábiles.”
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Se practicó la notificación ordenada y se encuentra corriendo el plazo para su contestación.
6* ) El Gobierno de México considera conforme a su legislación, que todas las obras de Siqueiros son de su interés nacional.
De los medios de prensa y de las actuaciones administrativas y judiciales, se observa su participación en el caso ( tanto en sede de la Secretaría de Cultura de la Nación como en las propias medidas judiciales, especialmente las llevadas a cabo en el mes de enero de 2.003, en San Justo, La Matanza ).
También existen denuncias públicas en el territorio
mejicano sobre los intentos de apropiación del mural de marras, cuyas constancias mi mandante glosara a las actuaciones.
7* ) Todo lo relativo al mural “Ejercicio Plástico” ha
tenido y tiene gran repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Muchos de ellos se encuentran agregados en el in
cidente de actuaciones reservadas antes mencionado.
8* ) De lo expuesto, se concluye que la cuestión tie
ne fuertes connotaciones políticas, ya que no sólo actúa el Poder Judicial, sino que también lo hacen los otros dos poderes del Estado Nacional ( quienes deben adoptar decisiones al respecto incluso por orden jurisdiccional ), un Gobierno extranjero ( México ) y hay una profusa comunicación al público por medios nacionales y extranjeros.
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* CAPITULO N* 06 – MEDIDAS de PRUEBA SUGERIDAS
Como medidas de prueba de lo denunciado, se sugiere respetuosamente lo siguiente :
1.- el expediente judicial caratulado : “ Fine Arts S.A. s/quiebra – inc. de actuaciones reservadas “. Ya se han acompañado copias fieles del mismo de lo actuado hasta principios de febrero del corriente; en el trámite posterior se acreditan los hechos nuevos acá denunciados;
2.- el expediente administrativo labrado en la Secretaría de Cultura
de la Nación, nro.384/03 (descripto en el subpunto 4.d del capítulo 05);
3.- el expediente administrativo labrado en la Oficina Anticorrupción,
a raíz de las denuncias descriptas en el subpunto 4.e del capítulo 05 ); y
4.- se cite a prestar declaración testimonial a los exfuncionarios del
P.E.N. Sres. Rubén Stella y Teresa de Anchorena.
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* SOLICITUD
Por todo lo expuesto solicito a este Honorable Con
sejo, que tenga por ampliada la denuncia que formulara la dicente el 7* de febrero de 2.003 y que se considere a esta ampliación, como parte complementaria, necesaria e inescindible de aquella, dándose curso a lo pedido.

Saludo atentamente.

Dra. MIRTA G. BARRUTI

Ampliacion de la denuncia de "Dencanor S.A." al Consejo de la Magistratura