DENUNCIA por MAL DESEMPEÑO

Sres. Consejo de la Magistratura
S/d

Daniel Marcelo SATORRES, argentino, abogado, DNI n* 17.918.445, constituyendo domicilio especial para la presente denuncia en la calle Lavalle n* 1.388 Casillero n* 111, de esta Ciudad, se dirige respetuosamente a los Sres. Miembros del Consejo de la Magistratura, a fin de manifestarle lo siguiente.

PRIMERO: Realizo esta presentación en mi carácter de mandatario del Sr. Luis E. Ferrari y también por mi propio derecho.

SEGUNDO: El 7* de febrero de 2.003, la firma “Dencanor S.A.” y la Dra. Mirta G. Barruti, formularon denuncia contra varios Magistrados.
Por razones de brevedad y economía, adhiero, reitero y considero de mi mandante y míos, los términos de la mencionada denuncia, en especial, los denunciados, los hechos traídos y la prueba ofrecida.
A los fines pertinentes y a fin de aventar cualquier tipo de dudas transcribo los párrafos determinantes de aquella denuncia.

.............Los hechos denunciados han sido cometidos en el trámite del concurso preventivo y luego quiebra, ( expediente principal como sus incidentes y demás procesos conexos, .............. de la firma “ FINE ARTS S.A.” ( antes denominada “Seville S.A. ” ), cuyos datos son los siguientes : - Juzgado de Radicación Originaria : Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n* 7 ( siete ), a cargo del Dr. Juan Manuel Gutierrez Cabello, Secretaría n* 13 ( trece ) a cargo de la Dra. María Cristina O’Reilly.

..............Se DENUNCIA en forma expresa que el Estado Nacional Argentino < a través de la actuación improcedente e ilegítima de dos de sus Poderes básicos > I.- ha impedido contra leggem, que DENCANOR S.A. legítima dueña de la pintura mural denominada “Ejercicio Plástico”, ejerza sus derechos de “uso” y “goce” sobre la misma, derivados del dominio que adquiriera conforme a la ley (se han conculcado los arts. 2.513 y concs. cód. civ. y art. 17 C.N.). Ese impedimento lleva ya más de 8 (ocho) años; y se corre el riesgo que continúe por tiempo indeterminado. Es la negación absoluta del derecho de propiedad; II.- también contra leggem, intenta y ha intentado apropiarse en su beneficio, del referido “uso” y “goce” de la obra. Es decir, el Estado pretende actuar sobre ella como si fuera su propietario; y III.- ha impedido y negado en los hechos, el ejercicio del derecho de defensa dentro de la órbita del Poder Judicial (violación del art. 18 C.N.). ....... Para concretar lo recién dicho, los denunciados han desnaturalizado el proceso falencial de "Fine Arts S.A.", apartándolo de su teleología legal y desviándolo de su finalidad para instrumentarlo de manera improcedente y consumar así los hechos objeto de esta denuncia.Los Señores Magistrados imputados de la comisión de actos configurativos del denominado “mal desempeño” previsto por los arts. 53 y 115 de la Constitución Nacional, son : 1*) Dr. Juan Manuel Gutierrez Cabello, Juez a cargo del Juzgado de radicación ori
ginaria del concurso y quiebra de “Fine Arts S.A.”; 2*) Dr. Germán Paez Castañeda, Juez actuante en la primera quincena de la Feria del mes de enero del 2.003, junto con el Dr. Gutierrez Cabello; 3*) Dres. Carlos Viale, Julio J. Peirano e Isabel Miguez, integrantes de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. .........................

TERCERO: Mi mandante, Sr. Ferrari, es “acreedor quirografario” en el citado juicio de quiebra.
La personería que invoco también está acreditada en el mismo.

CUARTO: En numerosas oportunidades he denunciado el “desvío” del trámite liquidatorio con el propósito de perseguir la pintura “Ejercicio Plástico”.
En el expediente principal hice saber las anomalías en que se incurría; lo hice asimismo en las actuaciones: “Fine Arts S.A. s/ conc. prev. – inc. de denuncia a la actuación del síndico”; y en el caratulado: “Fine Arts S.A. s/ quiebra - incidente de actuaciones reservadas” ( fs. 120/24 y fs. 328/32 ).
Me remito a ellas, las que doy por reproducidas acá.

Pese a estas concretas denuncias, nada hicieron los incri minados para regularizar la situación.
Es decir, se continuó a sabiendas con el referido “desvío” del procedimiento.

QUINTO: La situación anómala arroja ahora estos resultados objetivos.
1.- después de más seis años de solicitado el preventivo ( 22.X.96 ) y de más de cinco años de decretada la quiebra (6/II/98), más del 90 % del pasivo insinuado carece de sentencia firme;
2.- al momento de decretarse la quiebra, existían depositados fondos líquidos, listos para ser distribuídos.
Hasta la fecha y pese a los insistentes pedidos hechos, no se ha hecho aún la distribución del líquido existente, con grave perjuicio para los acreedores, especialmente mi mandante; y en clara violación a lo previsto por los arts. 218, 273 última parte y concs. de la ley n* 24.522;
3.- atento cuestionarse la venta hecha por la fallida de la pintura mural “Ejercicio Plástico” se han abierto dos procesos con el mismo objeto jurisdiccional (simulación y fraude), con trámite simultáneo y conjunto.
El escándalo es mayúsculo y lo será aún más, si se dictan sentencias contradictorias en ellos;
4.- se han trabado medidas cautelares relativas a la citada pintura y que consistieron en “prohibición de innovar”.

A consecuencia de ello, los denunciados han introducido a la litis falencial, las siguientes cuestiones contrarias a derecho :
a) la participación del Poder Ejecutivo Nacional en la litis, cuando el mismo
no tiene interés alguno en el procedimiento de quiebra ni tampoco en el mural, el que técnicamente no es más que un simple bien mueble y, además, totalmente ajeno al dominio de la quebrada ( o sea, pertenece a un tercero);
b) la discusión sobre el estado físico del mural, cuando este tema es
notoriamente ajeno al proceso falencial y a la competencia de los denunciados.
En tal orden de ideas, resulta significativo como la acreditación del mentado “desvío”, la habilitación de la feria judicial para inspeccionar al mismo ( resolución del 7* de enero de 2.003 del incidente de actuaciones reservadas).

Nada tiene que ver la liquidación de la fallida, con el estado de un bien de propiedad de un tercero;
c) las declaraciones públicas hechas por el Dr.Gutierrez Cabello (aparecidas en “Ambito Financiero” del 21/III/01 ) que la sala actuante calificó de meras opiniones de un “ciudadano”, cuando concurrió acompañado de un oficial de su juzgado, sin considerar su violación al reglamento de la justicia ni su adelanto las futuras decisiones;
d) la entrega del mural al Poder Ejecutivo Nacional, conforme se dispusiera en el incidente de actuaciones reservadas el 26 de agosto de 2.002, sin indicar norma alguna que faculte a tal decisión ni indicarse a mérito de que criterio se disponía de bienes de terceros.
e) el reiterado adelanto de las decisiones jurisdiccionales por parte de la prensa, conforme a declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Judicial (ver declaraciones del Dr. Gutierrez Cabello);
f) la denominada actuación corporativa de los denunciados, que supone apoyos recíprocos, en desmedro de la función e inhabilitan las vías recursivas.
A ello debe agregarse la actuación predispuesta previamente de los diferentes poderes del Estado, para dar apariencia de legalidad a la apropiación del uso de la pintura.

Y por esta razón, se dilata y se acompleja todo el procedimiento por la actuación jurisdiccional que lo condiciona y subordina al mencionado “desvío” con el ánimo de perseguir el mural;
g) el no cumplimiento en término de la finalidad primaria del proceso falencial, es decir, la distribución a los acreedores;
h) por último, el despojo a los acreedores, ya que el activo falencial se comprometió como contracautela de las medidas cautelares trabadas hace años por la sindicatura; y está afectado a reparar los daños y perjuicios derivados de esa precaucional, cuando no existe norma alguna que permita siquiera mínimamente tal compromiso.
Ese activo está también comprometido a la satisfacción de los gastos de depósito de un bien que no es propiedad de la quebrada; y
i) la dilación indefinida de los trámite y la no decisión de los planteos relativos a terminar con el “desvío”.

5.- Con estos antecedentes – y luego, repito, de más de cinco años de decretada la quiebra – cabe preguntarse que cobrarán los acreedores de los fondos existentes y cuando ?.
Atento los desvíos de la teleología falencial hechos por los denunciados, la respuesta es que los acreedores nada cobrarán y el proceso se dilatará indefinidamente para justificar la apropiación del uso de la pintura.

6.- Por último y como una prueba irrefutable de la reiteradamente alegación de desnaturalización del proceso, lo constituye lo obrado en los autos : “Fine Arts S.A. s/quiebra - incidente de actuaciones reservadas” promovido a iniciativa del Poder Administrador y con una intensa e intencionada campaña de prensa justificatoria.
a) El incidente se articula con una pretensión de una precaucional por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Dicho organismo del Estado no es parte en la litis falencial.
El mural es un bien mueble de un particular.
Los Jueces jamás acogerían una petición similar que hiciera cualquier otra persona privada.
Sin embargo, en el caso y pese a existir múltiples precaucionales trabadas y sin que se hubiera resuelto los pedidos de su levantamiento o sustitución o de mejora de contracautela, se acoge lo solicitado.
b) Lo pretendido por el Estado carece de base normativa y la propia Consti
tución Nacional lo prohibe.
Pide que le entreguen el mural, para su uso propio y para su comercializa-
ción.
En consecuencia, solicita la “administración” del bien con las facultades y /
prerrogativas de los arts. 2.513 y concs. c.c..

Lo requerido no es una “cautelar” sino una mera apariencia de ello, que enmascara un transferencia contra derecho, de las prerrogativas del dominio.
Se accede a lo peticionado sin requerirse contracautela alguna, aún cuando es público y notorio que el Estado Argentino está en cesación de pagos.
Está considerado en el mundo, como “insolvente”, “irresponsable” ( ya que no cumple con sus obligaciones ) y con un alto grado de corrupción ( me remito a los antecedentes publicados que citara el suscripto en las actuaciones en exámen – fs. 328 vta. - ).
Estas circunstancias no fueron ni siquiera mínimamente consideradas.
c) El requirente de la medida no cumple tampoco con lo normado por los
arts. 207 y concs. cpcc. Es decir, no promovió demanda alguna que justifique la referida precaucional ( del 26/VIII/02 ).
d) A pesar de lo dicho en el punto anterior, el Poder Ejecutivo vuelve formular otras peticiones, a las que se vuelve acceder dócilmente, con las resoluciones del 7* de enero de 2.003 y siguientes.
Las mismas ya no son siquiera cautelares sino deciden actos de “administración”. Se ordenó inspeccionar el mural, con forzamiento de domicilios y de cerraduras.
Esos pedidos carecen de vinculación con cualquier procedimiento reglado a derecho o con un debido proceso.
d) Y luego el trámite se dirige a la determinación sobre el estado físico de
los contenedores, con informes periciales.
Se introduce así un nuevo objeto debate y de decisión jurisdiccional.
e) Se concluye que el citado incidente se va amoldando conforme lo re ---
quiera el Poder Ejecutivo con la absoluta tolerancia de la jurisdicción, sin compren
derse a donde se dirige y que sentencia en definitiva va ser dictada.
Lo que es notorio, que se va dar acogida a cualquier pedido que realice el Estado.
En otras palabras, no hay fondo alguno de cuestión conocido, ya que no hay una demanda concreta y precisa.
El Poder Ejecutivo simplemente solicita y el Poder Judicial accede dando la apariencia de un proceso ajustado a derecho.
f) Es también evidente, la total desconexidad de todo lo actuado con la
liquidación y distribución falencial, trámites necesarios de la quiebra de “Fine Arts S.A.” que, paradojalmente no se cumplen y se dilatan indefinidamente, en contra de lo prescripto por la normativa concursal ya citada.
Se obvia o se soslaya o no se decide los pedidos de endereza miento del procedimiento.
g) Queda así acreditado el mentado “desvío” del proceso, el que resulta configurativo del “mal desempeño” reprochado por la Constitución Nacional.

SEXTO: Se ofrece como prueba adicional a la traída en la denuncia de la Dra. Barruti, la citación como testigo al Sr. Lucas Fernandez Moores, quién asistió con el Dr. Gutierrez Cabello a inspeccionar el mural (ver publicación del 21/III/01 en “Ambito Financiero” ), sin dejar constancia ni acta alguna de dicha diligencia.

SEPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido diáfana jurisprudencia, respecto a la consideración de la violación de los Estados cuando, como sucede en la especie, - las precaucionales son por tiempo indeterminado y se conculcan así derechos básicos; y – cuando no se acogen las defensas o no se tratan las mismas o se las tratan con ligereza o se adoptan decisiones jurisdiccionales sin un debido proceso.
Los yerros del Estado en dicho sentido, parten necesariamente de la actuación de los funcionarios y magistrados de sus poderes constitutivos especialmente el Judicial, cuya función es velar por el mantenimiento de dichos derechos y la intervención de la citada Corte se torna imprescindible cuando las instituciones domésticas no logran la referida protección ni reparar los referidos desvíos.
Esta denuncia se erige entonces, como un camino necesario para corregir lo denunciado e implica un agotamiento concreto de las instancias nacionales.
Se realiza conforme lo determinan las leyes n* 24.937 y 24.939 y se pide se haga lugar a la misma, imponiendo a los denunciados las sanciones que se consideren procedente.
Saludo a los Sres. Miembros del Consejo atentamente

Dr. Daniel M. Satorres

DENUNCIA de ACREEDOR VERIFICADO
al CONSEJO de la MAGISTRATURA